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Base de precios gobierno vasco

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La actual Constitución Española, aprobada en diciembre de 1978, articula el Estado Español en 17 Comunidades Autónomas, una de las cuales es el País Vasco o Euskadi, en la que se integran los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
El Estatuto establece la competencia exclusiva del País Vasco en la elaboración de estadísticas para sus propios fines. En desarrollo de esta competencia, el Gobierno Vasco creó en 1980 la Oficina de Estadística, como órgano central y provisional para la producción estadística de Euskadi, plasmando así el interés y la voluntad de dotar al País Vasco de una unidad estadística administrativa propia de alto nivel. Desde esta fecha, la producción estadística ha experimentado, año tras año, un indudable desarrollo, tanto en los recursos asignados como en el esfuerzo técnico realizado.
De este modo, las necesidades de información estadística de la Comunidad han sido atendidas con un adecuado nivel de desagregación territorial y sectorial, en plazos más cortos y con un nivel de difusión más amplio. Además, estas necesidades no han podido ser satisfechas por las estadísticas oficiales del Estado.

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IntroducciónEl País Vasco (capital regional: Vitoria-Gasteiz) está situado en el norte de España. Esta región comparte sus fronteras con Cantabria y la provincia de Burgos en el oeste; el mar Cantábrico en el norte; Francia y Navarra en el este; y La Rioja (el río Ebro) en el sur. Está formada por tres provincias (llamadas provincias en el sistema autonómico): Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, que agrupan 251 municipios. Tiene una superficie de 7.230 km2 y registra 2.177.880 habitantes en 2019 (el 4,6% de la población nacional), con una densidad de población bastante elevada, en torno a 300 personas/km2. El País Vasco es actualmente una de las regiones más ricas de España (Eurostat, 2020). Cuenta con una sólida base industrial, que abarca la industria del automóvil, la aeronáutica, la energía, el medio ambiente, el diseño industrial, la maquinaria y la ingeniería, entre otros.
La economía del País Vasco está fuertemente basada en la industria manufacturera desde principios del siglo XX. En 2017, la industria manufacturera representa el 25,7% del PIB total (18.366 millones de euros). Sin embargo, la crisis económica de 2008 ha tenido un importante impacto negativo en las actividades manufactureras de la región, provocando un cambio estructural en las cuotas mencionadas.

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La compra pública verde es un proceso para adquirir o contratar bienes y servicios por parte de gobiernos, autoridades y entidades públicas, en el que se valoran tanto los aspectos ambientales como los técnicos y económicos.
En este contexto, la integración de criterios innovadores y de compra verde por parte de todas las administraciones públicas europeas ayudará a consolidar una economía más competitiva y ambientalmente responsable.
Dichos informes pretenden difundir, comunicar y mostrar cómo la inclusión de cláusulas ambientales en la contratación pública tiene beneficios reales y es una práctica habitual en el sector público a nivel internacional.
En 2016, el Gobierno Vasco aprobó el “Programa de Contratación Pública Verde de Euskadi 2020”, que establece el marco necesario para impulsar que la Administración Pública Vasca integre criterios ambientales en sus procesos de contratación.
ObjetivosEsto implica: Este objetivo se calculará respecto a las licitaciones de los grupos de productos y servicios priorizados en el Programa y se medirá tanto en volumen económico como en número de licitaciones. Todas las autoridades participantes se proponen alcanzar en 2018 al menos un 50% de contratación ecológica para un total de 10 grupos de productos considerados prioritarios y un 50% para 20 grupos en 2020.

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La Estrategia Energética del País Vasco 2030 (3E2030) define los objetivos y las líneas básicas de actuación del Gobierno Vasco en materia de política energética para el periodo 2016-2030. Esta estrategia se enmarca en una visión a más largo plazo que contempla un sistema energético cada vez más sostenible en términos de competitividad, seguridad de suministro y baja dependencia del carbono.
El plazo para alcanzar los objetivos estratégicos y operativos que se han fijado es de 15 años, pero también se han establecido compromisos intermedios para períodos de 5 y 10 años. La mayoría de las acciones propuestas en la estrategia se llevarán a cabo durante todo el periodo especificado.
El objetivo es mejorar la competitividad en términos de costes energéticos y promover la sostenibilidad progresiva del consumo de energía. El objetivo es contribuir a la mejora de la industria y a la reducción de su impacto medioambiental, reduciendo el consumo de energía y promoviendo el uso de energías más sostenibles. El apoyo a la implantación de sistemas/equipos complementarios para el uso térmico de las energías renovables (solar térmica, geointercambio, biomasa) es una línea de actuación dirigida a maximizar el uso de las energías renovables en la industria, reducir su dependencia energética y los costes energéticos globales, y reducir las emisiones de CO2.